El dolor de un país en manos del criminal que gobernó desde su encierro

El dolor de un país en manos del criminal que gobernó desde su encierro

Imagina, por un instante, a un hombre confinado en el espacio más reducido y restrictivo que el Estado moderno puede construir. Un individuo encerrado en una celda de aislamiento de hormigón y barrotes de acero durante más de veinte largos años. Un hombre que no ha sentido el calor del sol sobre el asfalto de una calle libre en dos décadas, que ha visto transcurrir su vida adulta rodeado de muros grises, vigilado por guardias armados, y sobre quien pesa una condena que matemáticamente excede su esperanza de vida. Ahora, con esa imagen de aparente vulnerabilidad y derrota en mente, imagina que ese mismo hombre, desde la humedad y la sombra de esa pequeña celda, acumuló un nivel de poder tan desproporcionado, tan monstruoso, que presidentes, ministros de Estado, intermediarios internacionales y partidos políticos enteros tuvieron que peregrinar hasta su prisión para sentarse a negociar con él.

Imagina que un simple parpadeo suyo, una instrucción susurrada o un mensaje garabateado en un trozo de papel higiénico tenía la capacidad absoluta de subir o bajar la cantidad de cadáveres en las calles de todo un país. Gobiernos de derecha conservadora y gobiernos de izquierda exguerrillera, uno tras otro, pasaron por el ineludible filtro de su criterio y su voluntad. Lo que parece la premisa exagerada de un oscuro thriller de conspiración política de Hollywood, es en realidad la biografía estrictamente documentada del hombre al que el mismísimo Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha calificado, sin titubeos, como el líder supremo y más poderoso de la Mara Salvatrucha (MS-13). Su nombre real es Borromeo Enrique Enríquez, pero en los archivos confidenciales de inteligencia, en las calles manchadas de sangre de Centroamérica y en los pasillos de las agencias federales, el mundo entero lo conoce y lo teme bajo un seudónimo imborrable: “El Diablito de Hollywood”.

Para dimensionar de forma precisa la magnitud y el alcance de este personaje, no basta con revisar los titulares amarillistas; hay que sumergirse en lo que dicen de él las agencias de seguridad más sofisticadas del planeta. Porque cuando el aparato de justicia más poderoso de la Tierra —el gobierno federal de los Estados Unidos de América— te señala con un título específico en un acta de acusación (indictment), esa designación define tu lugar en la historia del crimen. El Departamento de Justicia lo reconoce, textualmente y bajo juramento ante cortes federales, como el “miembro más poderoso de la Ranfla Nacional”. En el argot y la compleja estructura corporativa de la MS-13, la Ranfla Nacional no es un grupo de pandilleros de poca monta; es el olimpo del crimen, la cúpula ejecutiva intocable, la junta directiva que rige los destinos de decenas de miles de soldados. Borromeo Enrique Enríquez no era simplemente un jefe más entre iguales; era el jefe máximo, el “CEO” de una corporación transnacional dedicada a la extorsión, el narcotráfico y el asesinato en masa.

La palabra “poderoso”, cuando se aplica a alguien que lleva más de un cuarto de siglo privado de su libertad física, encierra la paradoja central, el enigma sociológico más grande de esta narrativa. El poder del Diablito nunca dependió de estar libre, paseando por las calles en vehículos blindados o rodeado de ejércitos privados a la vista de todos. Al contrario, perfeccionó, concentró y ejerció su autoridad hegemónica durante años precisamente valiéndose de las grietas del sistema penitenciario. Desde una celda que debía ser su tumba en vida, dirigió a una organización paramilitar con decenas de miles de miembros repartidos estratégicamente por El Salvador, Honduras, Guatemala, México y vastas regiones de Estados Unidos y Europa.

Para desentrañar cómo un solo individuo llegó a la cima de esta montaña de sangre y corrupción, es imperativo retroceder en el reloj de la historia y comprender las raíces de su surgimiento. Su origen no es solo la historia de un hombre criminalmente dotado, sino que encierra una de las ironías sociopolíticas más trágicas, devastadoras y profundas de la historia contemporánea de las Américas. El inmenso poder destructivo de El Diablito y la génesis misma de la MS-13 no nacieron orgánicamente en los campos o las ciudades de El Salvador. Borromeo Enrique Enríquez, como decenas de miles de compatriotas suyos, fue un hijo del éxodo. En los años 80 y 90, huyendo del terror indescriptible de una cruenta Guerra Civil salvadoreña que dejó más de 75,000 muertos, su familia emigró hacia el norte.

Fue allí, en las calles marginadas, hacinadas y hostiles de Los Ángeles, California —en vecindarios como Pico-Union y Rampart—, donde un joven Borromeo se encontró con un entorno que rechazaba sistemáticamente a los refugiados centroamericanos. Asediados por pandillas locales afroamericanas y chicanas ya establecidas, los jóvenes salvadoreños, endurecidos por los traumas de la guerra en su país natal, formaron grupos de autodefensa territorial. De esa necesidad primaria de supervivencia brutal surgió la Mara Salvatrucha (originalmente un grupo de jóvenes amantes del heavy metal que se autodenominaban “stoners”), y fue también en esas mismas calles de cemento quebrado donde nació y se consolidó su enemiga mortal, simbiótica y eterna: la pandilla Barrio 18. Fue en Los Ángeles donde El Diablito aprendió el lenguaje de la violencia urbana, los códigos de silencio, la estructura de clicas (células barriales) y el uso del terror como herramienta de dominación absoluta.

Sin embargo, a finales de la década de 1990, la administración estadounidense implementó políticas migratorias de “mano dura” y comenzó a deportar masivamente a miles de estos jóvenes pandilleros convictos de vuelta a Centroamérica. Fue una política de limpieza social interna en Estados Unidos que, sin preverlo, exportó un virus letal a un paciente inmunodeprimido. Así, El Diablito de Hollywood fue empaquetado en un avión y enviado de regreso a un El Salvador que apenas intentaba reconstruirse tras los Acuerdos de Paz de 1992, con instituciones estatales frágiles, una policía incipiente y niveles de pobreza alarmantes.

Pero Borromeo no volvió como un joven derrotado, asustado o arrepentido. Volvió portando un conocimiento invaluable y tóxico: la cultura organizativa, las tácticas de guerra urbana y el modelo de negocio criminal de las pandillas angelinas. La deportación, que estaba diseñada por Washington para erradicar el problema de sus propias calles, en realidad sembró la semilla hiper fértil de una de las organizaciones criminales más sofisticadas y letales del hemisferio occidental. Y es exactamente en esta etapa temprana donde la mente fría de este hombre transita de ser un simple pandillero pendenciero a convertirse en un oscuro arquitecto institucional del crimen. Su verdadera e imborrable huella en la historia salvadoreña no radica únicamente en los homicidios que ejecutó o mandó a ejecutar de forma directa, sino en el andamiaje corporativo que construyó con visión a largo plazo.

En el año 2002, cuando la escalada de violencia empezaba a mostrar que las pandillas ya no eran simples niños rebeldes, las investigaciones de inteligencia señalan que Borromeo Enríquez fue el cerebro operativo y el arquitecto principal detrás de la creación de la “Ranfla Nacional”. Este hito histórico es fundamental para entender todo lo que vino después. Antes de ese momento, la Mara Salvatrucha operaba de forma caótica; era un archipiélago de clicas dispersas, pandillas de esquinas, grupos de amigos tatuados que operaban de forma más o menos independiente, sin una visión de Estado criminal. Lo que hizo El Diablito, junto a un selecto grupo de veteranos respetados, fue centralizar el poder. Le dio a la pandilla una cabeza pensante, una estructura de mando unificada, una jerarquía vertical militarizada y un sistema tributario nacional basado en la extorsión sistemática (conocida como “la renta”), la cual estrangulaba la economía informal y formal del país.

Transformó a un montón de pandillas de barrio en un cartel institucionalizado con dirección única, reglas de conducta inquebrantables, un sistema de justicia interno letal (los “mitines”) y una red de distribución de recursos. Ese fue su gran y perverso aporte a la macro criminalidad. No solo fue un homicida; construyó la maquinaria que burocratizó e institucionalizó el terror.

Esa naciente cúpula directiva que ayudó a fundar y legitimar en las prisiones, se bautizó en sus inicios con un nombre tan teatralmente escalofriante como revelador de sus oscuras intenciones. Porque el nombre fundacional que se otorgaron a sí mismos estos doce líderes explica perfectamente de dónde se deriva el peso místico y autoritario del propio alias de Borromeo. Originalmente, esta asamblea de jefes estaba compuesta por exactamente doce miembros y, en una perversión deliberada y macabra del simbolismo bíblico católico, se hacían llamar “Los 12 Apóstoles del Diablo”.

En esta siniestra analogía religiosa, el “Diablo” al que rendían pleitesía y obediencia ciega no era una entidad abstracta, esotérica o un demonio mitológico; era una referencia directa, personal y concreta al mismísimo Borromeo Enríquez. Él era el Diablito de Hollywood. De manera simbólica y práctica, él era la figura central, el mesías oscuro en torno al cual orbitaba toda la toma de decisiones, la recolección de las extorsiones y la maquinaria de muerte de la cúpula. Los demás eran sus apóstoles; él era el origen del mandato. Este detalle, que podría parecer meramente anecdótico o parte de una subcultura juvenil de la muerte, revela en realidad el lugar de culto casi religioso, el respeto absoluto y la centralidad que ocupaba este hombre en el imaginario colectivo y en la estructura rígida de poder de la pandilla transnacional. Nunca fue uno más entre iguales, ni siquiera dentro del círculo de los líderes; siempre fue el eje inamovible sobre el que giraba el caos de una nación.

Para comprender a cabalidad por qué El Diablito de Hollywood lleva casi tres décadas pudriéndose en el sistema penitenciario salvadoreño, hay que revisar un historial delictivo que desafía la capacidad de compresión humana. Los números fríos que reposan en los expedientes judiciales del Ministerio Público son, por sí solos, estremecedores. Borromeo Enríquez ha estado recluido desde el año 1998, cumpliendo una condena original en firme de 87 largos años de prisión. Esta sentencia monumental está directamente vinculada, según los abultados reportes de investigación fiscal e inteligencia policial, a su responsabilidad intelectual y logística en aproximadamente 500 homicidios agravados.

Lejos de ser una anomalía solitaria, esta cifra espantosa es el estándar de admisión en las altas esferas de la Ranfla Nacional. Entre sus compañeros de directorio criminal, figuras que hoy enfrentan megajuicios junto a él, encontramos a hombres como Carlos Tiberio Ramírez, alias “Snayder de Pasadena”, quien se encuentra tras las rejas desde 2001 y acumula condenas que suman 94 años por su implicación en cerca de medio millar de asesinatos. O el infame Dionisio Aristides Umanzor, conocido mundialmente como “El Sirra de Teclas”, quien purga 67 años por más de 100 asesinatos demostrados. Son cifras que paralizan, porque no estamos hablando de delincuentes comunes, carteristas o traficantes menores; estamos describiendo perfiles de psicópatas organizacionales, estrategas que firmaban sentencias de muerte masivas sin que les temblara el pulso. Y El Diablito, sentado en la cima de esa montaña de calaveras, carga con el peso simbólico, logístico y directivo de haber diseñado y operado esa gigantesca maquinaria de exterminio humano.

Llegados a este punto de la historia, frente a la inmensidad del sufrimiento y el desangramiento sistemático que estos hombres causaron al tejido social, económico y familiar de la nación salvadoreña, surge un dilema ético y político de proporciones monumentales que ha fracturado a la sociedad en múltiples ocasiones.

Si estuvieras en los zapatos de un líder político, viendo cómo tu país se desangra diariamente con decenas de homicidios que inundan de cadáveres las calles, los autobuses escolares y los mercados, ¿qué habrías hecho tú en esta situación? ¿Habrías aceptado sentarte a negociar en la oscuridad y el secreto de una celda para salvar vidas ciudadanas inmediatas, a costa de entregarle parte del poder soberano del Estado a una organización criminal, o habrías declarado una guerra militar frontal, asumiendo estoicamente el costo político y humano de miles de muertes civiles adicionales como daños colaterales?

Esta no es una pregunta teórica de una clase de ciencias políticas; fue el dilema sangriento, real y crudo al que se enfrentaron sucesivas administraciones presidenciales en El Salvador, y la respuesta que dieron consolidó el verdadero reinado de El Diablito. Aquí reside la gran anomalía institucional que hizo famoso a El Salvador en todo el mundo. La Ranfla Nacional ostentaba un poder tan arraigado y capilar que dirigía, administraba y auditaba a la pandilla con mayor eficacia desde la cárcel que desde la libertad.

Los jefes, aunque estuvieran encerrados teóricamente en el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca (conocido coloquialmente como Zacatraz), seguían emitiendo órdenes ejecutivas ininterrumpidas hacia el exterior. Esta comunicación la lograban mediante una red sofisticada de teléfonos satelitales, dispositivos móviles introducidos ilegalmente con la complicidad de guardias penitenciarios corruptos, mensajes encriptados en minúsculos trozos de papel (“wilas”) escondidos en cavidades corporales, y abogados que funcionaban como mensajeros de la mafia. Ordenaban homicidios específicos, organizaban rutas de extorsión barrial, aprobaban la adquisición de armamento de guerra y coordinaban el tráfico internacional de drogas. Todo, absolutamente todo, sucedía desde la incomodidad de sus pequeñas celdas.

El Estado, en teoría, los tenía físicamente confinados y bajo su estricta custodia legal; pero, en la dolorosa realidad, las instituciones no habían logrado aislarlos ni silenciar sus voces de mando. Borromeo Enríquez, como CEO indiscutible de la corporación criminal, era el vértice superior de ese ecosistema corrupto. Su celda se transformó, a la vista y paciencia de las autoridades, en la verdadera oficina ejecutiva de la nación, desde la cual gobernaba y administraba el multimillonario imperio de extorsión y sangre que había cimentado. Esta inverosímil capacidad logística para dominar un país desde detrás de los barrotes es, quizás, la característica sociológica y criminológica más aterradora y fascinante de la MS-13, y nadie la encarnó con tanta maestría, cinismo y efectividad como El Diablito.

Esa omnipresencia del terror lo catapultó hacia un escenario aún más extraordinario, surrealista y dantesco. Un escenario que rompe, fractura y destruye absolutamente todos los esquemas racionales sobre cómo debe funcionar un Estado de Derecho, y sobre lo que uno espera del comportamiento de un criminal convicto. Su influencia era tan tangible, tan cuantificable en litros de sangre derramada cada fin de semana, que el poder político constitucionalmente electo del país claudicó. No tuvieron más remedio (o encontraron en ello una perversa oportunidad política) que legitimar su existencia, tragarse el orgullo republicano y enviar emisarios formales a sentarse a negociar directamente con él.

¿Es realmente cierto que los gobiernos democráticos negociaban la paz de la nación con este asesino en serie encarcelado? La evidencia es abrumadora y demoledora. Según exhaustivas investigaciones periodísticas lideradas por el prestigioso periódico digital El Faro —uno de los medios de investigación más respetados y galardonados de toda América Latina—, así como por posteriores expedientes judiciales y grabaciones filtradas, El Diablito forzó sistemáticamente a los políticos a arrodillarse, a reconocerlo como un interlocutor político válido. Y no subyugó a un solo partido político en un momento aislado de desesperación institucional; su red de influencia lo permeó todo.

Según el cuerpo documental de estas investigaciones, prácticamente todos los acuerdos de gobernabilidad territorial con las principales fuerzas políticas tradicionales del país (tanto la derecha conservadora agrupada en el partido ARENA, como la exguerrilla de izquierda convertida en partido político FMLN) pasaron, de una forma u otra, por el filtro de su autorización, su extorsión o su beneficio. Léelo con la pausa y la gravedad que merece una afirmación de este calibre: un hombre preso desde hace más de veinte años, condenado con firmeza por el sistema judicial por instigar y ejecutar cientos de homicidios, ejerció un nivel de poder tan obsceno y desbordante que los grandes partidos políticos nacionales, aquellos que se turnaban la administración de los ministerios y los presupuestos de la República de El Salvador, se vieron obligados a solicitar su “visto bueno” para operar en los territorios, para movilizar votantes en las elecciones y para asegurar promesas de reducción de violencia durante sus campañas presidenciales.

La razón sociológica y táctica subyacente a ese poder inmenso era escalofriantemente simple y pragmática: Borromeo Enríquez tenía el control del “grifo de la muerte”. Él controlaba termostáticamente el nivel diario de violencia nacional. En un abrir y cerrar de ojos, con una simple orden emitida a través de un teléfono de contrabando, podía ordenar que sus decenas de miles de soldados en la calle mataran a veinte personas al día para presionar y desestabilizar a un ministro de seguridad rebelde, o podía ordenar un “alto al fuego” total para favorecer la popularidad de un presidente afín a sus demandas carcelarias. En una nación traumatizada, empobrecida y psicológicamente desangrada por la epidemia interminable de los homicidios, poseer la palanca maestra que controlaba el flujo de cadáveres lo convertía, de manera inmediata y brutal, en el actor político más relevante del Estado. De facto, gobernaba más que los hombres que llevaban la banda presidencial.

El ejemplo histórico más descarado, doloroso y ampliamente documentado a nivel internacional de ese poder de coacción y negociación tiene un nombre propio que millones de salvadoreños aún recuerdan con una mezcla de indignación y vergüenza nacional. Fue un episodio que sacó las negociaciones de las sombras subterráneas de las prisiones y mostró al mundo entero, a plena luz del día y con reflectores mediáticos, el poderío absoluto de El Diablito de Hollywood y de su Ranfla para doblegar a las instituciones formales del Estado democrático. Nos referimos a la infame “Tregua de 2012”.

Entre los años 2012 y 2015, bajo la administración presidencial de Mauricio Funes (del partido de izquierda FMLN), la cúpula de la Ranfla Nacional entró en un pacto secreto de no agresión y disminución de homicidios que el gobierno y sus intermediarios (como el excomandante guerrillero Raúl Mijango) disfrazaron inicialmente como un “proceso de paz impulsado por la sociedad civil y la iglesia”. Sin embargo, según la voluminosa acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos y las investigaciones periodísticas locales, la realidad era mucho más transaccional y mafiosa. Como parte integral y fundamental de este acuerdo secreto de Estado, la cúpula de la MS-13, liderada por El Diablito, dio instrucciones estrictas a todas las clicas a nivel nacional para frenar abruptamente la cantidad de asesinatos. A cambio de esta concesión que salvó miles de vidas temporalmente, los líderes exigieron y recibieron un paquete de beneficios escandalosos: traslados desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca hacia prisiones de seguridad media y baja, visitas íntimas ilimitadas, introducción de electrodomésticos, fiestas descontroladas en el interior de los penales, consolidación de su control territorial en las calles y, según múltiples testigos clave, entregas millonarias de dinero en efectivo proveniente de fondos reservados del Estado.

El resultado estadístico de este pacto faustiano fue estadísticamente inmediato y espectacular para los titulares internacionales. La tasa nacional de homicidios, que posicionaba a El Salvador como uno de los países más mortíferos del mundo sin guerra declarada, se desplomó de la noche a la mañana. Para muchos observadores internacionales ingenuos, aquello parecía un milagro social, una luz de esperanza para un país condenado. Pero para la población que seguía pagando la extorsión (la “renta”) y sufriendo desapariciones, la realidad era distinta. Lo que la Tregua demostró de manera innegable fue el poder logístico, militar y organizativo descomunal de estos hombres encarcelados. Bastaba con que ellos chasquearan los dedos y dieran la orden a través de sus lugartenientes, para que la maquinaria de muerte se detuviera de golpe. Demostraron que la paz en El Salvador no era un logro de las políticas de seguridad pública del gobierno, sino un servicio temporal alquilado por las pandillas.

El nivel de legitimación política que alcanzó El Diablito fue tan estratosférico que llegó a protagonizar escenas que rozan el absurdo histórico. Se tiene registro de que este líder máximo, este asesino múltiple recluido, llegó incluso a entregar personalmente, en un evento formal y mediático organizado dentro del sistema penitenciario, una “propuesta de paz y pacificación” directamente en las manos de altos representantes diplomáticos y autoridades de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Visualiza el escenario: un pandillero condenado, vistiendo su uniforme de reo, entregando documentos formales y negociando cara a cara, de tú a tú, con la diplomacia internacional hemisférica. Ese era el verdadero nivel de impunidad y poder de El Diablito. Era un jefe de Estado en la sombra.

Las consecuencias penales e históricas de aquellas transacciones oscuras tardaron años en germinar, pero cuando lo hicieron, alcanzaron y quemaron a los niveles más altos del poder político institucional, demostrando que pactar con el diablo siempre pasa una factura altísima. Porque el acto ilegal de negociar prerrogativas con grupos terroristas tipificados no salió gratis para los estadistas, y terminó devorando incluso al hombre que ostentaba la máxima magistratura de la República. El expresidente Mauricio Funes, bajo cuya gestión se articuló y protegió vigorosamente la Tregua de 2012, fue condenado en ausencia en el año 2023 por tribunales salvadoreños a 14 años de cárcel inamovibles, procesado específicamente por delitos de agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes al negociar beneficios, favores y privilegios penitenciarios con los líderes de las maras.

Funes, quien había huido despavorido a Nicaragua años atrás para evitar enfrentarse a la justicia, acogiéndose al asilo diplomático y nacionalizándose en dicho país, quedó para la historia manchado de manera indeleble por aquel pacto. (Nota de contexto para el lector: el fallecimiento político de su reputación fue absoluto). Este dato legal es de suma relevancia estructural para nuestra crónica, porque demuestra fehacientemente que las negociaciones con El Diablito de Hollywood y la cúpula de la Ranfla no fueron simples teorías de conspiración de opositores, rumores de pasillo ni mitos urbanos periodísticos; fueron hechos materiales, comprobados judicialmente, que tuvieron consecuencias penales reales y que culminaron con la condena formal de un exmandatario. La sombra asfixiante de aquellos acuerdos, de aquel poder desmedido que la pandilla ejerció a través del chantaje sobre el Estado, es un fantasma que sigue proyectándose ineludiblemente sobre la política salvadoreña hasta el sol de hoy.

Y aquí, para no faltar jamás al rigor periodístico, a la honestidad intelectual ni a la credibilidad del relato, es imprescindible hacer una pausa y establecer una precisión de contexto vital. Porque el escabroso tema de los pactos oscuros entre el Estado y el crimen organizado es un asunto extremadamente delicado, volátil y sumamente actual. Las acusaciones de negociaciones de gobernabilidad no se limitan únicamente a las administraciones pasadas (Arena y FMLN), que hoy se encuentran diezmadas políticamente; sino que las investigaciones internacionales también han salpicado vigorosamente al gobierno actual, que rechaza de plano y furiosamente estas afirmaciones.

¿Qué se dice en los círculos de inteligencia internacional sobre presuntos pactos más recientes? De acuerdo con investigaciones formales publicadas por el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se produjeron negociaciones encubiertas mucho más recientes, en las que altos funcionarios del gobierno del presidente Nayib Bukele habrían proporcionado supuestamente incentivos financieros directos y beneficios penitenciarios a los líderes supremos de las pandillas (incluida la estructura liderada por Borromeo Enríquez). Esto, según la inteligencia estadounidense, se orquestó a cambio de garantizar la continuidad en la reducción estadística de los homicidios diarios y para obtener apoyo político electoral y control territorial pacífico durante las elecciones legislativas.

Frente a estas acusaciones gravísimas que provienen de la diplomacia estadounidense, el presidente Bukele ha negado reiteradamente, de forma categórica, airada y pública, haber pactado jamás con líderes terroristas ningún tipo de beneficios a cambio de reducir la violencia o de obtener réditos electorales, calificando estas afirmaciones como una injerencia extranjera y una campaña de difamación de sus opositores. Es vital para la madurez del lector ser prístinos en este punto de la narrativa: estamos frente a un escenario donde chocan frontalmente señalamientos, filtraciones de audios e investigaciones de agencias federales estadounidenses y medios de comunicación independientes por un lado; y una negativa oficial, gubernamental, absolutamente tajante e inquebrantable por el otro, respaldada por niveles de seguridad históricos en las calles de El Salvador.

Pero más allá del fragor de esta guerra de narrativas políticas, lo que ninguna de las dos partes en conflicto discute, lo que permanece como la piedra angular indiscutible de nuestra historia, es el punto central: que hombres como El Diablito de Hollywood amasaron y conservaron durante décadas el poder fáctico, militar y de coerción suficiente para que esas negociaciones de Estado (fueran del bando ideológico que fueran, y en la década que ocurrieran) tuvieran lógica y sentido de supervivencia política. Nadie en sus cabales, mucho menos el gobierno de un país soberano, se sienta a negociar privilegios y protección con quien no ostenta un poder real y amenazante.

Y ese poder monumental no se detuvo en las aduanas; su alcance, impulsado por la globalización del crimen, iba mucho, muchísimo más allá de las fronteras físicas de El Salvador. La Mara Salvatrucha (MS-13) que dirigía magistralmente El Diablito de Hollywood dejó de ser, hace mucho tiempo, una pandilla local preocupada por defender unas cuantas cuadras polvorientas. Se transformó a pulso en un sindicato del crimen organizado transnacional, una hidra con tentáculos operativos venenosos enquistados en múltiples naciones.

¿Hasta dónde llegaba exactamente el brazo armado, económico y logístico de esta estructura bajo el mando de Borromeo? Según la extensa y detallada acusación formal (indictment) presentada por el Departamento de Justicia de EE. UU. en Nueva York, la Ranfla Nacional, con El Diablito a la cabeza, dirigió metódicamente la expansión agresiva de las actividades ilícitas de la MS-13 alrededor del mundo. Su expansión más estratégica y peligrosa se dirigió hacia México, un territorio dominado por los cárteles de la droga. Hacia allí, la Ranfla salvadoreña envió emisarios de máxima confianza, líderes de alto rango (como parte del “Programa México”), con la misión específica de organizar las operaciones migratorias, controlar el cobro a los “coyotes” y establecer alianzas bélicas.

Allí, según detalla explícitamente esa acusación federal, los líderes de la MS-13 lograron establecer puentes de comunicación y relaciones de negocios oscuros con algunas de las organizaciones narcotraficantes más poderosas, multimillonarias y letales del planeta: se aliaron tácticamente con el sanguinario Cártel de Sinaloa, tejieron nexos con el ultraviolento Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), negociaron con la estructura de Los Zetas y mantuvieron contactos con el Cártel del Golfo. El objetivo de estas alianzas diplomático-criminales era obtener acceso a rutas de distribución de narcóticos a gran escala, conseguir armamento pesado de asalto (ametralladoras, explosivos y chalecos tácticos) y ofrecer a cambio los servicios de sus ejércitos de sicarios despiadados como fuerza de choque en las guerras entre cárteles mexicanos.

Es decir, la organización que El Diablito de Hollywood ayudó a fundar, estructurar, nutrir y gobernar, ya no solo era un gobierno paralelo de terror dentro de El Salvador, sino que se sentaba a hacer negocios multimillonarios en la misma mesa con la aristocracia del narcotráfico internacional, manteniendo simultáneamente una fuerte y mortífera presencia operativa en las principales ciudades de Estados Unidos (como Los Ángeles, Nueva York, Long Island y los suburbios de Washington D.C.). De ser una pandilla callejera nacida para evitar ser golpeados a la salida de las escuelas en los años 80, evolucionaron velozmente hasta convertirse en un actor geopolítico del crimen organizado transnacional de primer nivel. Esa asombrosa y devastadora evolución corporativa fue el legado que este hombre y sus doce apóstoles encabezaron desde las sombras de su confinamiento.

Este alarmante nivel de alcance internacional es, precisamente, lo que ha puesto a la figura de El Diablito en el epicentro absoluto de una férrea disputa diplomática y judicial entre dos naciones soberanas. Hoy en día, el futuro y los secretos de su vida no solo son de interés primordial para El Salvador, sino que su cuerpo y su mente son el principal objeto de deseo de una intensa y prolongada batalla de extradición liderada por el gobierno de los Estados Unidos.

¿Por qué Washington, que combate amenazas nucleares y terrorismo en Medio Oriente, está tan obsesionado con poner sus manos sobre este hombre encarcelado en Centroamérica? La respuesta se cristalizó a finales del año 2020. En un movimiento judicial sin precedentes históricos, a través de una amplia, robusta y devastadora acusación presentada en una corte federal del Distrito Este de Nueva York, el gobierno de los Estados Unidos imputó formalmente a los 14 máximos líderes históricos de la MS-13 —la junta directiva completa de la Ranfla Histórica— con cargos que hielan la sangre en la jurisdicción norteamericana.

Los delitos no eran extorsión simple ni homicidio callejero; eran los mismos estatutos legales diseñados tras el 11 de septiembre para destruir a Al-Qaeda. Los cargos incluyen: conspiración masiva para proporcionar y ocultar apoyo material a terroristas, conspiración para cometer actos de terrorismo que trascienden las fronteras nacionales, financiación internacional del terrorismo y operaciones de narcoterrorismo.

Según el extenso expediente de esa acusación elaborada por la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan (JTFV), la Ranfla Nacional llegó a ordenar, con escalofriante arrogancia, el asesinato sistemático de agentes de policía y altos funcionarios del gobierno en El Salvador, para forzar las negociaciones y aterrorizar a la población. Pero la gota que derramó el vaso de la paciencia en Washington fue que, según los informes de inteligencia, la cúpula presidida por El Diablito llegó al atrevimiento inaudito de dar luz verde oficial a sus células para asesinar a un Agente Especial del propio FBI destacado en El Salvador (un plan que afortunadamente fue interceptado).

Estados Unidos dejó de verlos como pandilleros; clasificó oficialmente a la MS-13 como una organización terrorista transnacional de primer orden y dejó meridianamente claro que quiere juzgar, doblegar y sepultar a sus líderes fundadores en su propio territorio, en prisiones supermax como ADX Florence, de las que nadie escapa y donde nadie negocia. Por esa razón, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado han solicitado, con insistencia y presión diplomática incansable, la extradición prioritaria de El Diablito y de sus camaradas.

Y es justo en este tenso cruce de intereses geopolíticos donde la historia de El Diablito conecta directamente con uno de los episodios más turbios, escandalosos y fascinantes de la política latinoamericana de los últimos años. La disputa diplomática por la custodia de estos altos líderes criminales ha producido escenas de encubrimiento, fugas e intrigas que parecen sacadas del guion de una intensa novela de espionaje en la Guerra Fría. Esta crisis de credibilidad internacional se encendió porque uno de los más notorios lugartenientes y cabecillas de la Ranfla protagonizó una fuga tan extraña, VIP y documentada, que expuso de forma cruda y vergonzosa las altísimas tensiones y los presuntos pactos de impunidad entre sectores de poder en El Salvador y la justicia de Estados Unidos.

¿Qué fue lo que pasó realmente con el hombre que todos consideraban como el segundo al mando absoluto del imperio? Nos referimos al sonado, polémico y mediático caso de Elmer Canales Rivera, universalmente conocido en el mundo del hampa como “Crook de Hollywood” (o “El Crook”). Considerado por las agencias de inteligencia como el principal cerebro financiero y logístico de la MS-13, y mano derecha de El Diablito, la historia de Crook es una afrenta directa a la justicia. Según investigaciones periodísticas exhaustivas, sustentadas con audios filtrados, bitácoras y fotografías (notablemente lideradas de nuevo por El Faro y corroboradas luego por investigaciones del Departamento de Justicia estadounidense), Crook —quien se encontraba cumpliendo una pesada condena en firme de 40 años por asesinatos brutales dictada por la justicia salvadoreña— fue liberado en absoluto secreto de la prisión de máxima seguridad, sin mediar orden judicial legítima, presuntamente escoltado por vehículos de altos funcionarios de seguridad del gobierno actual.

El líder terrorista fue sacado de Zacatecoluca, alojado temporalmente en un lujoso apartamento en San Salvador donde, según el gobierno estadounidense, incluso se le proveyó un arma de fuego para su protección, y luego fue llevado clandestinamente por carretera hasta la frontera y entregado a coyotes para cruzar hacia Guatemala. El objetivo aparente: evadir el proceso de extradición que reclamaba Washington y esconder una pieza clave de las supuestas negociaciones recientes.

Sin embargo, el destino y la presión del FBI tenían otros planes. Tiempo después, desorientado y huyendo en la clandestinidad, las autoridades federales mexicanas lo capturaron sorpresivamente en Tapachula, muy cerca de la frontera sur, y en un operativo relámpago coordinado con Washington (esquivando los canales diplomáticos de El Salvador), México lo empaquetó en un avión y lo extraditó fulminantemente hacia Estados Unidos, donde hoy en día enfrenta, con un uniforme naranja de presidiario, severos cargos de terrorismo internacional en una corte federal de Nueva York.

Ese episodio dantesco —el de un altísimo cabecilla condenado que aparece misteriosamente libre, paseando por Centroamérica con pasaporte de impunidad— destapó y avivó ferozmente la sospecha internacional sobre la vigencia de acuerdos profundos, secretos e inconfesables entre las esferas del gobierno y la cúpula de la pandilla. Además, evidenció, con una claridad cegadora, la enorme y dolorosa brecha entre lo que Estados Unidos exige fervientemente hacer con estos líderes terroristas (extraditarlos, quebrar sus voluntades y juzgarlos sin misericordia) y lo que en realidad estaba ocurriendo con ellos, bajo las sombras, en las prisiones de El Salvador. Dentro de ese inmenso tablero de ajedrez político y judicial, El Diablito de Hollywood, como el máximo jerarca, líder intelectual y depositario de todos los secretos de Estado de las últimas tres décadas, es indiscutiblemente el Rey, la pieza más codiciada, explosiva y valiosa de todo el juego. Su posible extradición aterra a quienes temen que, para reducir su condena, decida sentarse a “cantar” y revelar frente a fiscales neoyorquinos los nombres, apellidos, fechas y montos en efectivo de todos los políticos salvadoreños de izquierda, derecha y nuevas generaciones que alguna vez le besaron el anillo en prisión.

Y así, recorriendo una senda regada con la sangre y las lágrimas de millones, llegamos finalmente al trepidante presente. Al momento exacto en la historia en que el arco vital de Borromeo Enrique Enríquez parece alcanzar su último y definitivo capítulo. Porque después de décadas de gozar de un poder fáctico inigualable, de humillar a las instituciones y de sembrar el pánico desde la comodidad perversa de su celda, El Diablito de Hollywood enfrenta hoy, bajo el Régimen de Excepción instaurado por el gobierno de Nayib Bukele, el proceso judicial titánico que podría cerrar la puerta, clausurar el candado y echar la llave definitivamente a su oscuro reinado.

¿Cuál es la situación actual, real y física del hombre que alguna vez hizo temblar a los ministros? Borromeo Enríquez encabeza hoy, como no podía ser de otra manera, la infame lista de los 22 máximos cabecillas de la Ranfla Nacional que están siendo acusados y procesados de forma conjunta en el juicio penal más colosal, complejo y trascendental de toda la historia contemporánea de El Salvador. Se trata de un megaproceso judicial promovido por la Fiscalía General de la República, un juicio sin precedentes dirigido contra los líderes históricos de la MS-13, a quienes el Estado salvadoreño, usando la doctrina de la autoría mediata y la estructura de aparatos organizados de poder, busca atribuirles colectivamente la responsabilidad intelectual de decenas de miles de delitos atroces, desapariciones, extorsiones y homicidios cometidos a lo largo de décadas por cualquiera de sus clicas.

La inmensa mayoría de estos jefes fundadores supremos —con El Diablito, cabizbajo y en silencio, incluido a la cabeza— se encuentran actualmente recluidos, completamente incomunicados y neutralizados, en el interior de la nueva e impenetrable fortaleza penitenciaria estatal: el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Esta megacárcel de máxima seguridad, con capacidad para decenas de miles de reos y rodeada de muros inexpugnables, cámaras térmicas y anillos militares, se ha erigido mundialmente como el símbolo absoluto de acero y concreto de la agresiva guerra antipandillas emprendida por la actual administración salvadoreña.

Las imágenes fotográficas y de video de alta calidad que el gobierno ha distribuido de estos hombres a través de inmensas campañas mediáticas, representan un giro histórico, cultural y psicológico brutal para la nación centroamericana. Hombres que antaño eran señores feudales de la muerte, todopoderosos líderes ante cuya sola mención las barriadas enteras callaban por pánico; hoy aparecen rapados, desprovistos de su cabello y de su identidad pandillera, vistiendo únicamente un sencillo uniforme de pantalones cortos y camiseta blancos, descalzos, sentados en el suelo frío y mirando hacia abajo, escuchando pasivamente cómo un tribunal lee los innumerables cargos de terrorismo y lesa humanidad que pesan en su contra. El hombre, El Diablito, ante el cual se arrodillaban los políticos para suplicar votos o paz artificial; el estratega criminal que desafiaba a las potencias mundiales, comparece ahora mudo, completamente despojado de sus teléfonos de contrabando, de sus lujos, de su dinero y de su terrorífico séquito de asesinos. Se encuentra cara a cara con la justicia del mismo Estado democrático al que, durante tanto tiempo y con tanta arrogancia, humilló y desafió.

Conviene, eso sí, mantener la cabeza fría, la honestidad profesional y la amplitud de miras sobre lo que este monumental e inédito juicio representa jurídicamente para el futuro de la región, y sobre las profundas e insistentes críticas que enfrenta desde el extranjero; porque este megaproceso, con todo su justificado y aplaudido peso histórico y catártico para las víctimas, no está libre de cuestionamientos legales que es justo, democrático y necesario poner sobre la mesa.

¿Qué se dice, se susurra y se reclama desde el otro lado del espectro, en los despachos de Ginebra o Washington? Prestigiosos grupos humanitarios, organizaciones de derechos humanos globales como Amnistía Internacional o Human Rights Watch, y destacados expertos en derecho penal, han criticado reiteradamente la naturaleza misma de estos juicios masivos. El temor jurídico y ético fundamental radica en que, al procesar a docenas o cientos de individuos de manera exprés, agrupada y sumaria, y al no individualizarse ni demostrarse plenamente la responsabilidad penal material específica de cada acusado con pruebas independientes sólidas, se están vulnerando principios fundamentales del debido proceso. Esta prisa, advierten, podría producir inevitablemente condenas injustas, encarcelando potencialmente a personas inocentes que cayeron víctimas del margen de error o del sistema de cuotas policiales del Régimen de Excepción.

No obstante, y este punto es crucial para no perder el norte de nuestra historia, en el caso específico y documentado de El Diablito de Hollywood, el debate sobre los “falsos positivos” se desvanece por completo. Hablamos de un individuo que ya se encontraba cumpliendo una condena firme de 87 años, dictada por jueces imparciales en juicios tradicionales hace más de dos décadas, mucho antes del Régimen de Excepción. Su situación, su perfil de riesgo y su estatus criminal son radicalmente distintos a la tragedia de un ciudadano sin antecedentes detenido en una redada comunitaria reciente. La discusión académica, civil y política sobre las garantías procesales en el modelo de justicia rápida de Bukele es sumamente legítima y forma una parte esencial del debate nacional e internacional sobre la democracia y los derechos civiles; pero la abultada y sangrienta trayectoria criminal de Borromeo Enrique Enríquez, este cabecilla en particular, está sobradamente sustentada, probada, documentada y sufrida durante décadas, tanto por los tribunales formales salvadoreños como por la rigurosa inteligencia del FBI y el Departamento de Justicia estadounidense. En este hombre no hay un miligramo de duda. No es un caso de identidad dudosa ni de homonimia; es el jefe máximo, el fundador, el emperador de la Mara Salvatrucha MS-13, reconocido y perseguido como tal por los máximos entes de gobierno de dos países soberanos.

Entonces, cuando el polvo de la guerra comience a asentarse, ¿qué queda verdaderamente de todo este doloroso periplo? ¿Cuál es el significado sociológico, histórico y humano más profundo de la oscura y macabra historia del Diablito de Hollywood? Porque, si somos capaces de mirar más allá de sus imperdonables crímenes de sangre, de sus años eternos de condena acumulada y del morbo de las fotografías de su rostro tatuado, su figura representa algo mucho más grande, un cáncer institucionalizado que trasciende al simple hombre y define toda una era trágica y perdida del desarrollo de El Salvador.

Viendo cómo el destino ineludible de este vasto imperio criminal termina sepultado y silenciado tras los imponentes e impenetrables muros del CECOT, ¿crees que los juicios masivos y el encierro absoluto de estos líderes fundadores serán realmente suficientes para extirpar de manera definitiva la raíz profunda de este mal que asoló a Centroamérica, o la larga e invisible sombra de sus incontables pactos de corrupción política seguirá persiguiendo y atormentando el futuro democrático del país por las próximas décadas?

Lo que realmente nos enseña, a sangre y fuego, la historia de vida de Borromeo Enríquez es que su biografía criminal es, en el fondo, la biografía viva de la mismísima evolución de la MS-13 en El Salvador. Fue forjado en el crisol de la marginación y la deportación desde los Estados Unidos. Él fue el maestro de ceremonias que ayudó a fundar, amalgamar y estructurar jerárquicamente a la pandilla más temida de las calles en su propio país. Su visión corporativa maquiavélica la convirtió de una pandilla territorial urbana a una pujante organización mafiosa y terrorista transnacional de largo alcance. Negoció desde la sombra con políticos corruptos y desesperados de todos los colores del espectro ideológico. Hizo arrodillarse a la institucionalidad republicana de una nación entera.

Y hoy, en una vuelta de tuerca digna de una tragedia griega, está siendo obligado a ver y sufrir en carne propia, desde el silencio hermético de una celda en el CECOT, la demolición total, la caída mediática y el fin logístico de la poderosa organización que él mismo, con tantas vidas y tanto terror, ayudó a construir y comandar. En su sola figura delgada, cubierta de tatuajes marchitos por los años de cárcel, se condensa toda la trágica evolución y el auge y caída del fenómeno pandilleril. Desde el desamparo de las violentas calles de Los Ángeles en los 90, hasta las ostentosas mesas redondas de negociación con la diplomacia y el poder político de más alto nivel; desde el dominio despiadado del humilde barrio periférico, hasta las alianzas armadas de tú a tú con los cárteles mexicanos más sangrientos; desde la cúspide indiscutible del poder criminal centroamericano, hasta el humillante banquillo de los acusados masivos vestidos de ropa interior blanca bajo la luz de los focos.

Entender en su totalidad la mente, las maniobras y la influencia de El Diablito de Hollywood, es la clave para llegar a entender cómo una violenta pandilla juvenil angelina logró mutar, financiarse y llegar a erigirse como un macabro y autoritario Estado paralelo dentro de un país soberano; cobrando impuestos, administrando la justicia en la calle y dictando las políticas públicas. Y, por consiguiente, entender su caída final, es comprender cómo ese mismo monstruoso Estado paralelo está siendo, con métodos aplaudidos y cuestionados, finalmente desmantelado y sepultado frente a los ojos atónitos de todo un continente.

Esa es, despojada de mitos urbanos y discursos oficiales, la verdadera, profunda y aleccionadora historia detrás del infame Diablito de Hollywood. No es solo la biografía policial de un frío criminal psicópata con cientos de homicidios premeditados a sus espaldas. Es la fascinante y terrible historia del hombre más astuto, maquiavélico y poderoso que jamás dio a luz la estructura de la Mara Salvatrucha. Un jefe, un líder natural para el mal, que gobernó con puño de hierro un imperio multimillonario del crimen organizado desde el metro cuadrado de una celda penitenciaria de máxima seguridad. El hombre que obligó a presidentes, a altos mandos policiales y a partidos centenarios a sentarse a la mesa con él para suplicarle o comprarle una tregua temporal; y que hoy, en el ocaso de su vida, se encuentra enfrentando, desarmado, esposado y completamente vulnerable junto al resto de sus acólitos de la cúpula central de la Ranfla, el colosal juicio que muy probablemente cerrará para siempre la puerta de una de las etapas sociopolíticas más desgarradoras, corruptas y oscuras de toda la atribulada historia de El Salvador.

El indiscutible “Diablo” principal en la mesa de aquellos 12 apóstoles de la extorsión; el infatigable arquitecto de la letal Ranfla Nacional; el único hombre que controlaba a voluntad la delgada línea entre la vida y la muerte de inocentes con el simple acto de dictar una orden indescifrable desde el corazón blindado de una prisión, comparece ahora ante el mismo país que, con la complicidad de sus malos hijos, mantuvo secuestrado, atemorizado y extorsionado durante incontables e interminables décadas. Y en esa solitaria y patética imagen, la del rey de las tinieblas de la calle reducido a ser solo un acusado más en un tribunal rodeado de fusiles, se resume el cierre de un capítulo doloroso y el amanecer definitivo del cambio de una era.

La historia ha puesto a este hombre frente al estrado, pero las heridas que dejó en las miles de madres sin consuelo, tardarán generaciones en sanar por completo en Centroamérica.

¡Si esta impactante revelación de los hilos de poder que controlaban El Salvador desde la sombra de una prisión te ha dejado sin palabras, no dudes en compartir este artículo para que el mundo conozca cómo se construye y se derrumba el imperio del mal!