“Abran las válvulas”: El código de la muerte que desangró a miles de familias salvadoreñas

“Abran las válvulas”: El código de la muerte que desangró a miles de familias salvadoreñas

En el intrincado, oscuro y letal mundo del crimen organizado, las palabras rara vez significan lo que dictan los diccionarios. En el vocabulario del terror, el lenguaje se disfraza, se camufla en metáforas industriales y frías para ocultar su verdadera y sanguinaria naturaleza. Imagina por un momento un centro de mando clandestino, quizás una celda húmeda en una prisión de máxima seguridad, o una casa de seguridad oculta en las sombras de la noche salvadoreña. Desde allí, los hombres que se creían los amos absolutos de la vida y la muerte no usaban palabras explícitas como “asesinen”, “masacren” o “aniquilen”. No lo necesitaban. Su poder era tan inmenso, su maquinaria tan perfectamente engrasada, que les bastaba con pronunciar un código, una frase en clave que parecía sacada de un manual de plomería o ingeniería: “Abran las válvulas”.

¿Qué se escondía detrás de estas tres simples palabras? La respuesta a este macabro misterio no solo encierra el dolor de toda una nación, sino que es el eje central del proceso judicial más grande, ambicioso y transformador en la historia contemporánea de El Salvador.

Cuando esas palabras resonaban, emitidas desde lo más alto de la pirámide de la estructura criminal, una presa invisible se rompía. La muerte, contenida apenas por la voluntad de un puñado de líderes, se desataba como un torrente incontrolable en las calles, en los barrios, en las zonas rurales y en las avenidas principales del país. Policías, soldados, custodios de centros penales, agentes municipales, comerciantes trabajadores y familias enteras: de un segundo a otro, cualquier persona podía convertirse en un objetivo mortal. Todos entraban en la ruleta rusa de una organización que no conocía la piedad.

Hoy, en un escenario que hace apenas una década habría parecido una utopía inalcanzable o el guion de una película de ficción, la verdad está saliendo a la luz bajo la inclemente iluminación fluorescente de un tribunal de justicia. En el monumental megajuicio contra 485 cabecillas de la Mara Salvatrucha (MS-13), la Fiscalía General de la República acaba de exponer ante el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador cómo funcionaba, pieza por pieza, orden por orden, esta escalofriante maquinaria de terror. Lo que los fiscales han revelado en sus alegatos finales no es simplemente el relato de una pandilla de delincuentes comunes; es el retrato forense de una auténtica guerra asimétrica declarada contra el Estado mismo.

Para comprender verdaderamente la magnitud de lo que está en juego, es necesario alejarnos del ruido mediático y sumergirnos en los detalles de este proceso sin precedentes. No hay punto de comparación en la historia judicial de América Latina. No estamos hablando de un puñado de sicarios siendo procesados por un par de crímenes aislados. Estamos hablando de un juicio que encapsula una década completa de derramamiento de sangre. A estos 485 acusados se les imputan delitos cometidos sistemáticamente a lo largo de un periodo de diez años, entre 2012 y 2022. La fiscalía ha logrado recopilar, organizar y sustentar más de 14,400 imputaciones individuales. Es un mar de expedientes, testimonios, pruebas balísticas, análisis forenses y relatos de dolor humano que desbordan los archivos del tribunal.

Y los hombres sentados en el banquillo no son los últimos eslabones de la cadena alimenticia criminal. Entre los procesados figuran los nombres de los más de 20 cabecillas supremos de la temida “Ranfla Histórica”, los padres fundadores, los arquitectos de la cúpula máxima de la organización. A su lado, rindiendo cuentas, se encuentran unos 210 “ranfleros” y alrededor de 150 “corredores de programa”, que funcionaban como los gerentes regionales y mandos intermedios de esta corporación de la extorsión y el asesinato. Del total de estos imputados, cerca de 410 permanecen fuertemente custodiados en distintos centros penales del país, incluyendo el inexpugnable Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el símbolo de acero y concreto de la ofensiva gubernamental. Mientras tanto, unos 70 cabecillas son juzgados en rebeldía, como fantasmas legales, por encontrarse prófugos de la justicia o enfrentando procesos simultáneos en cortes federales de los Estados Unidos. En escala, ambición y peso simbólico, este es indudablemente uno de los juicios contra una estructura criminal más grandes que haya presenciado la humanidad.

El proceso ha entrado en su fase más decisiva y dramática: los alegatos finales. Ha sido en estas exhaustivas jornadas donde el Ministerio Público ha ido desgranando, desvistiendo y exhibiendo el esqueleto de la organización. Y la primera gran revelación de estos alegatos es también la que más hiela la sangre, porque desmonta de tajo una mentira que la sociedad llegó a creer por mucho tiempo. Durante años, se pensó que la violencia de las maras era caótica, un estallido impulsivo de jóvenes marginados peleando por territorios de forma desorganizada. Nada más lejos de la cruda realidad.

El fiscal adjunto contra el crimen organizado, Max Muñoz, se encargó de destruir ese mito frente al juez. Los homicidios en El Salvador no eran hechos aislados. No eran crímenes pasionales ni arrebatos de furia incontrolable. Respondían, con una disciplina casi militar, a órdenes directas, calculadas y estratégicas emitidas desde los niveles más estratosféricos de la organización. Estas órdenes viajaban a través de mecanismos internos de comunicación que poseían su propia nomenclatura. El principal de estos códigos, el más temido de todos, era la “apertura de válvulas”.

Cuando la fiscalía describió este mecanismo, la sala entera quedó sumida en un silencio sepulcral. La cúpula utilizaba esta frase para instruir a todos sus mandos inferiores a ejecutar asesinatos selectivos y masivos durante periodos de tiempo meticulosamente determinados. Cuando las válvulas se abrían, la pandilla incrementaba deliberadamente los ataques en todo el territorio nacional. No había coincidencia en los fines de semana sangrientos; todo era un plan de operaciones. Y si la cúpula deseaba que el terror no fuera un pico estadístico sino la nueva normalidad, activaban una variante aún más despiadada llamada “pegadas permanentes”. Esta orden implicaba mantener una ofensiva armada constante, letal y sostenida en el tiempo, sin dar tregua a la policía ni respiro a la población civil. Estos códigos eran, en su esencia más pura, el interruptor sociopolítico con el que la Ranfla encendía y apagaba la violencia en El Salvador a total voluntad, utilizando la sangre de los ciudadanos como moneda de cambio para sus negociaciones.

Este sistema de órdenes nos revela una estructura jerárquica de una precisión que resulta fascinante y aterradora a la vez. No operaban como un grupo de pandilleros rebeldes; operaban como una empresa multinacional con departamentos, directores, gerentes y supervisores. Para que una orden de matar viajara desde el cerebro de la cúpula hasta el dedo del gatillero en una calle polvorienta, tenía que recorrer toda una cadena de mando inquebrantable. La fiscalía se tomó el tiempo de exponerla escalón por doloroso escalón.

En la cima absoluta se encontraba la “Ranfla”, la junta directiva, la estructura de mando más alta, que a su vez estaba estratificada en tres niveles de autoridad. En lo más alto estaba la “Ranfla Histórica”, los líderes fundadores, las mentes maestras que gozaban de un respeto casi religioso. Luego estaba la “Ranfla en Penales”, conformada por aquellos cabecillas que, a pesar de estar encarcelados, lograban dirigir el imperio del crimen desde detrás de los barrotes, usando teléfonos clandestinos, mensajes cifrados en pequeñas notas (“wilas”) y visitantes sobornados. Finalmente, operaba la “Ranfla de Libertad”, compuesta por los máximos líderes que aún no habían sido capturados y que caminaban libremente, supervisando las operaciones en el terreno.

Desde este triunvirato de la muerte, las instrucciones bajaban verticalmente hacia los “corredores de programa”. Estos individuos actuaban como generales de zona, coordinando departamentos o regiones enteras del país. Ellos, a su vez, trasladaban con firmeza las órdenes a los “corredores de clica”, los jefes de las células locales (las clicas), quienes eran los responsables directos de organizar la logística, proveer las armas robadas, designar a los sicarios y ejecutar materialmente los crímenes contra los objetivos señalados. Era una cadena de ensamblaje del asesinato, perfectamente engranada, diseñada con una lógica perversa para que la orden susurrada por un jefe encarcelado terminara, invariablemente, convirtiéndose en un cadáver en un callejón sin que el autor intelectual tuviera que mover un solo dedo ni mancharse las manos de sangre directamente.

Y es en la naturaleza de esos cadáveres donde aparece uno de los datos más brutales y reveladores de todo el megajuicio. Un dato que explica de forma cristalina por qué el Estado salvadoreño ha llegado a considerar a esta pandilla no como un problema de seguridad ciudadana, sino como una amenaza existencial para la República. Porque las víctimas de esta colosal maquinaria de homicidios no eran únicamente pandilleros de grupos rivales (como la facción 18 Revolucionarios o 18 Sureños) peleando por el monopolio de la venta de drogas, ni se limitaban a ciudadanos comunes atrapados en el fuego cruzado o comerciantes que no pudieron pagar la extorsión. Según la firme exposición de la fiscalía, la MS-13 cruzó una línea de no retorno: le declaró la guerra militar y directa al Estado salvadoreño.

El fiscal Muñoz fue contundente y enfático al dirigirse al tribunal, afirmando que los crímenes perpetrados formaron parte de una guerra declarada, un conflicto armado asimétrico impulsado por la Mara Salvatrucha para desestabilizar el sistema estatal. Las cifras que el Ministerio Público puso sobre la mesa para respaldar esa devastadora afirmación son estremecedoras. A lo largo de los alegatos, se contabilizaron entre las víctimas directas a por lo menos 54 miembros de las instituciones de seguridad del país. Agentes valientes de la Policía Nacional Civil (PNC), efectivos dedicados de la Fuerza Armada de El Salvador, estoicos custodios de centros penales y miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM). Todos ellos fueron catalogados como “objetivos prioritarios” por la estructura criminal, as3sinados a sangre fría simplemente por el hecho de portar una placa, lucir un uniforme y representar, en las calles, la presencia de la ley y el orden del Estado.

La pandilla dejó de conformarse con buscar el control de los barrios marginales o enriquecerse a través del terror económico de la extorsión; sus líderes adquirieron una ambición geopolítica. Buscaban enfrentar de tú a tú, debilitar y golpear el núcleo moral de las instituciones mismas del país. Querían demostrar que ellos eran el poder real, el poder paralelo que no se doblegaba ante ninguna constitución. Y la metodología táctica que empleaban para elegir y cazar a estos agentes del orden revela un nivel de cálculo mental particularmente gélido, cobarde y perturbador.

La fiscalía expuso un detalle que hace que estos crímenes duelan en lo más profundo de la conciencia colectiva: el momento específico que los sicarios elegían para ejecutar los ataques. No los enfrentaban en combates frontales, no armaban tiroteos contra las patrullas blindadas o las delegaciones fuertemente custodiadas. Los cazaban cuando eran más humanos, cuando eran más vulnerables.

Según explicó detalladamente el Ministerio Público, la inmensa mayoría de estos atentados cobardes se ejecutaban cuando los policías, soldados o custodios se encontraban en situación de total vulnerabilidad, generalmente durante sus escasos días de licencia, en sus fines de semana de descanso, lejos de sus unidades de servicio y desprovistos de su chaleco antibalas o su fusil de reglamento. La pandilla, utilizando una vasta red de informantes, vigilantes barriales y tecnología, monitoreaba los movimientos de los agentes. Aprovechaban esos precisos y sagrados momentos en los que el agente estaba desprevenido, quizás comprando pan en la tienda de la esquina, quizás reparando el techo de su humilde casa, o, lo que es aún más desgarrador, cuando caminaba de la mano de sus hijos o estaba cenando con su familia en su propio hogar.

Ese era el instante en el que los sicarios irrumpían para ejecutar la sentencia de muerte. Con esta táctica del terror absoluto, no solo eliminaban físicamente a un representante del Estado que los combatía; multiplicaban exponencialmente el impacto psicológico del golpe. El mensaje de terror enviado a las filas policiales era claro y ensordecedor: “Nadie está a salvo. Podemos alcanzarlos a cualquiera, en cualquier momento, en cualquier lugar. Ni sus uniformes, ni sus armas de servicio, ni la intimidad de sus hogares, ni el llanto de sus familias los protegerá de nosotros”.

Imagina por un instante ser ese agente, regresar a tu casa después de un turno agotador de patrullaje en zonas rojas, quitarte el uniforme, sentarte a la mesa a compartir la cena con tus hijos pequeños, sabiendo en lo más recóndito de tu mente que en cualquier rincón oscuro de tu propia colonia podría estar escondido el gatillero que acaba de recibir la orden directa de la “válvula abierta” desde una prisión. Ante un escenario de terror tan asfixiante, paranoico y omnipresente, ¿qué habrías hecho tú en esta situación para proteger a los tuyos cuando el mismo Estado al que servías parecía superado y arrinconado por la violencia?

Las atrocidades expuestas en la sala del tribunal no se limitaron a estadísticas abstractas. La fiscalía se aseguró de ponerle rostro, fecha y lugar a la barbarie, destacando hechos concretos que ilustran, como una pintura de Goya, la brutalidad despiadada de esta guerra. Uno de los casos que más resonó por su audacia criminal y su altísimo contenido simbólico, resume el descarado desafío de la pandilla. Según se detalló con pruebas documentales en la audiencia, la estructura logística llegó a coordinar y ordenar el lanzamiento de una granada de fragmentación, un arma de uso militar exclusivo, dentro de las instalaciones de un recinto penal. Un ataque explosivo, premeditado y coordinado, operado desde el corazón mismo de la organización, demostrando que su brazo armado no conocía fronteras físicas.

A este nivel de audacia militar se suman casos de alto impacto político y social, como el cobarde as3sinato de un jefe fiscal de la República en el oriental departamento de Usulután, ocurrido en marzo del año 2015. Un hombre de leyes, encargado de llevar a los criminales ante la justicia, abatido para silenciar los expedientes. A este magnicidio se suma el homicidio a quemarropa de un sargento de la fuerza armada en 2016. Ambos crímenes de alto perfil no fueron accidentes; ambos fueron ejecutados estrictamente bajo la fatídica orden de “apertura de válvulas”. Cada uno de estos as3sinatos, remarcó la fiscalía, no fue la obra aislada de un pandillero exaltado o drogado que actuó por cuenta propia; fueron decisiones corporativas, frías y calculadas, tomadas en la mesa de la cúpula y ejecutadas a la perfección por la cadena de mando. Atacar con explosivos un penal, asesinar a un jefe fiscal y acribillar a un líder militar eran mensajes disparados directamente al corazón, al cerebro y al músculo del Estado. Eran la prueba irrefutable de que la MS-13 se autopercibía no como una banda callejera, sino como un poder fáctico soberano, plenamente capaz de doblegar la voluntad de la nación entera.

Sin embargo, el monstruo de mil cabezas que es la MS-13 no dirigió su furia ciega únicamente contra los uniformes de las instituciones. La guadaña de la pandilla también cayó, con idéntica pesadez y crueldad, sobre civiles completamente inocentes. Y uno de los casos expuestos ante el estrado dejó a los presentes con un nudo en la garganta, conmocionando una vez más al país, porque demuestra de forma inequívoca que la perversidad de estos cabecillas no conocía ningún tipo de límite moral ni freno ético.

Entre los hechos más dantescos detallados en el megajuicio, el fiscal puso los reflectores sobre la masacre de una familia entera en el municipio de San Marcos, ocurrida en el lúgubre año de 2016. En ese ataque dantesco, fallecieron cinco personas del mismo grupo familiar. Hombres, mujeres… sangre de la misma sangre borrada del mapa demográfico por una simple decisión caprichosa de la estructura criminal. A estos crímenes masivos se sumaban continuamente los as3sinatos selectivos de personas que, en los tribunales clandestinos de la pandilla, eran catalogadas sumariamente como “enemigas”. ¿Qué constituía ser un enemigo? Bastaba con negarse valientemente a pagar la extorsión o a colaborar prestando la casa, o tener la osadía ciudadana de brindar información anónima a las fuerzas de seguridad. Cualquier persona civil, por más humilde que fuera, que se interpusiera mínimamente en el lucrativo camino de la organización o que fuera percibida por la paranoia pandillera como una potencial amenaza, podía amanecer en la fatídica lista de objetivos. Cuando se trataba de imponer su ley tiránica a través de la pedagogía del terror, la MS-13 no hacía ninguna distinción entre soldados entrenados del Estado y civiles desarmados.

Muchos de estos crímenes de altísima intensidad se concentraron de manera anómala en un periodo cronológico muy específico que, trágicamente, quedó grabado con fuego y sangre en la memoria colectiva del país. Hubo una etapa muy concreta y reciente en la que esta violencia desbordada alcanzó su clímax, su punto más oscuro y álgido, marcando la frontera entre un antes y un después histórico. Nos referimos a la infame “Semana Negra”.

Según expuso de manera minuciosa la fiscalía en sus alegatos, un porcentaje alarmante de estos as3sinatos orquestados ocurrió durante esa semana oscura: el estallido repentino e inexplicable de violencia registrado a finales del mes de marzo del año 2022. En apenas un fin de semana, decenas y decenas de salvadoreños amanecieron asesinados en las calles, en los autobuses, en los mercados. Fue una masacre nacional aleatoria y planificada a la vez. Aquellos días de pánico generalizado, en los que los indicadores de homicidios se dispararon como nunca antes en el siglo, fueron precisamente la gota que derramó el vaso; el catalizador supremo que llevó al gobierno del presidente Nayib Bukele a declarar un Estado de Excepción y librar una guerra frontal, sin cuartel y definitiva contra las pandillas. Es decir, esta misma estructura corporativa de la cúpula que hoy está sentada en el banquillo escuchando su destino, fue, según las pruebas irrefutables de la acusación, la responsable intelectual directa de esa gigantesca ola de sangre. Esa provocación final, esa soberbia asesina, fue lo que cambió para siempre la historia sociopolítica reciente de El Salvador. El megajuicio, en ese sentido poético y de justicia retributiva, cierra un círculo perfecto: se está juzgando formalmente a los verdaderos arquitectos del horror que originó y justificó toda la colosal ofensiva de seguridad que vive hoy la nación centroamericana.

Ahora bien, para sostener jurídicamente una acusación de proporciones tan faraónicas contra los “jefes de cuello blanco del crimen”, aquellos líderes supremos que llevaban décadas sin apretar físicamente un gatillo, empuñar un machete o mancharse las manos, la Fiscalía General de la República tuvo que innovar. Recurrió a una herramienta jurídica sofisticada, un constructo legal diseñado para crímenes de altísima complejidad. Porque llevar a prisión de por vida a los “hombres de atrás”, a los estrategas de las sombras que solo movían los hilos mediante órdenes verbales, requiere una fundamentación teórica legal a prueba de balas. Y esa teoría ha sido una de las piedras angulares de todo el éxito procesal.

¿Cómo se condena por miles de as3sinatos a quien nunca tocó el arma homicida? La fiscalía salvadoreña se ha apoyado magistralmente en la prestigiosa doctrina penal internacional conocida como la “Teoría del Aparato Organizado de Poder”, desarrollada originalmente por el jurista alemán Claus Roxin (y utilizada históricamente para juzgar a criminales de guerra y líderes de cárteles). Esta robusta herramienta jurídica permite responsabilizar penalmente, en calidad de autores mediatos, a los líderes intocables de la Ranfla. A esos máximos cabecillas que, sin haber estado jamás en la escena del crimen ni haber ejecutado materialmente los homicidios, eran los que daban las órdenes supremas, autorizaban y validaban las masacres bajo el infame código de “válvulas abiertas”, y coordinaban la intrincada logística de las actividades ilícitas desde las calles o desde la aparente reclusión de las prisiones.

Bajo la óptica inquebrantable de esta doctrina, el líder intelectual que levanta un dedo y ordena la muerte es penal y moralmente tan responsable (o más) que el joven sicario de bajo rango que jala el gatillo presionado por la jerarquía. ¿La razón? El líder es dueño y señor del control total del aparato organizativo, fungible y estructurado que produce el crimen en cadena. Es la misma lógica jurídica suprema que ha permitido al mundo civilizado sentar en el banquillo a dictadores, genocidas y jefes de la mafia mundial, y es el pilar maestro que hoy permite sentar a toda la cúpula directiva de la MS-13 frente al mazo de la justicia.

Pero el meticuloso retrato forense que la fiscalía ha trazado a lo largo de estos meses va mucho más allá de una simple sumatoria de homicidios escalofriantes. Muestra, en toda su crudeza, una maquinaria criminal integral, holística y autosuficiente. Porque la violencia brutal era solo la punta del iceberg, una pequeña parte visible de un ecosistema económico y logístico mayor que se retroalimentaba parasitando a la economía formal e informal del país. La fiscalía logró conectar de manera magistral todas las piezas del rompecabezas económico.

¿Cómo se financiaba, oxigenaba y sostenía en el tiempo esta megaestructura delictiva? Según expusieron los fiscales en sus incisivos alegatos, la pandilla operaba bajo un modelo de negocio perversamente perfecto. Su ciclo económico era un engranaje perpetuo: extorsionaban indiscriminadamente a los ciudadanos (desde las grandes rutas de transporte público hasta la humilde señora que vendía tortillas en la esquina) para obtener flujos multimillonarios de capital líquido y constante. Utilizaban, lavaban e invertían ese dinero ensangrentado para adquirir masivamente armamento de grueso calibre, vehículos, tecnología de comunicación y para sostener sus operaciones logísticas en cada rincón del mapa.

Y aquí, la fiscalía dejó caer sobre la sala uno de los datos estadísticos más dolorosos, indignantes y desgarradores de toda la investigación. Un dato que refleja el robo del futuro de una nación. Para no arriesgar a sus cuadros operativos veteranos, la estructura criminal instrumentalizó y utilizó, como eslabones desechables, a más de 10,000 menores de edad. Diez mil niños y adolescentes cuyas mentes fueron lavadas y cuya infancia fue robada, forzados a operar como “postes” (vigilantes), mulas para trasladar paquetes de drogas ilícitas y correos humanos para mover armamento pesado a través de las distintas zonas de control del país durante ese fatídico periodo. A esto se suma el colosal impacto económico: la acusación demostró que, tan solo de un minúsculo grupo de cuatro víctimas (empresarios del transporte y comerciantes a gran escala), la voracidad de la pandilla llegó a exprimir y obtener la astronómica suma de al menos 9 millones de dólares en pagos continuos de extorsión. Nueve millones de dólares que no se invirtieron en hospitales o escuelas, sino en comprar la “protección” para evitar atentados contra sus propias vidas, la de sus empleados o la de sus familias.

Extorsión asfixiante a escala industrial, acopio bélico de armas de fuego, tráfico de drogas de diseño, decenas de miles de menores de edad instrumentalizados como carne de cañón, y homicidios como castigo ejemplarizante. Todos y cada uno de estos elementos formaban parte integral, indivisible y funcional de una misma máquina gigante, diseñada milimétricamente para sostener y expandir el poder y el reinado de la organización en El Salvador y la región centroamericana.

Y ese poder acumulado con sangre, según demostró la fiscalía con contundencia argumentativa, no era un fin en sí mismo, sino un medio para un objetivo superior. Un objetivo final que trasciende con creces el simple concepto de “delincuencia común” y que, a los ojos de la ley, constituye el cargo más grave, supremo e imperdonable de todos los presentados en el estrado.

Porque a estos 485 cabecillas sentados frente al juez, no se les acusa únicamente de matar y extorsionar civiles. Se les acusa de algo que dinamita los cimientos, la soberanía y la esencia misma de lo que significa un Estado moderno y democrático.

¿Cuál es ese delito subyacente de fondo que aglutina, da sentido y engloba a todo lo demás? El Ministerio Público salvadoreño sostiene, con innegable fuerza legal, que toda esta amalgama de violencia desaforada tenía como finalidad última presionar, extorsionar y someter al Estado republicano para obtener beneficios políticos y penitenciarios inconstitucionales. Buscaban consolidar y mantener un control militar, político y social absoluto sobre los territorios, las barriadas y los cantones. Y, en última instancia, su aspiración máxima era reemplazar, usurpar y sustituir la autoridad legítima estatal, asumiendo las funciones de gobierno, justicia y recolección de impuestos, sometiendo a toda la población bajo el yugo de la violencia, la coerción psicológica y la extorsión.

Es precisamente por este inmenso desafío a la soberanía nacional que, entre la interminable lista de delitos graves imputados (que incluyen el homicidio agravado, la atroz desaparición de personas para ocultar estadísticas, la extorsión sistemática, las agrupaciones ilícitas, el tráfico internacional de armas, el feminicidio y la privación de libertad), figura de manera estelar el delito de rebelión. La acusación del Estado dibuja a la MS-13 sin matices románticos: ya no como una simple pandilla juvenil dedicada a robar carteras en la calle, sino como una sofisticada y brutal organización paramilitar y política que aspiraba a consolidarse y funcionar como un Estado paralelo, disputándole activamente al gobierno democrático el monopolio de la fuerza, el control geográfico del territorio y el sometimiento de los corazones y mentes de la población. Esa es, sin lugar a eufemismos, la verdadera, profunda e histórica dimensión de lo que se está juzgando en esta sala de audiencias.

Llegamos así, tras el peso de tantas revelaciones, al momento culminante, al punto de inflexión definitivo que convierte el desarrollo de este megaproceso en la noticia de última hora más importante de la década. Después de incontables y agotadores meses de audiencias maratónicas, de desfilar testigos, de presentar montañas de evidencia pericial y de exponer, caso por caso, el sufrimiento de una sociedad herida, la Fiscalía General de la República acaba de dar el paso final en la partida de ajedrez. Lo que ha exigido formalmente marca el ineludible destino final de estos 485 hombres, cuyas vidas parecen estar a punto de sellarse tras muros de acero infranqueables.

¿Qué es exactamente lo que ha solicitado en su conclusión el Ministerio Público? Al dar por terminada la brillante y exhaustiva presentación de sus alegatos finales, el equipo fiscal, encabezado por Max Muñoz, anunció ante la mirada atónita de los presentes que solicitará, de manera inflexible, que el tribunal imponga las penas máximas que permite la legislación penal para cada uno de los acusados, sumando las condenas por cada delito comprobado sin piedad ni reducciones.

Durante el gigantesco proceso, se lograron sustentar, probar y anclar sólidamente más de 14,400 imputaciones por gravísimos delitos, todos ellos presuntamente ordenados desde la comodidad de las celdas entre los años 2012 y 2022. La consecuencia matemática, jurídica y simbólica de esa enérgica petición fiscal es sencillamente histórica y astronómica. De ser hallados culpables por el tribunal —algo que el peso de las evidencias parece garantizar—, algunos de los principales líderes fundadores, las mentes maestras de esta macroestructura criminal, podrían enfrentar en su lectura de sentencia penas acumulativas que sumarían decenas de miles de años de prisión por cabeza.

No estamos hablando de decenas. No hablamos de cientos, ni siquiera de los tradicionales miles de años que en ocasiones se dictan en cortes internacionales. Hablamos de decenas de miles de años de encierro. Cifras que desafían la longevidad humana y que, como bien saben los juristas en este y otros casos emblemáticos, funcionan en la práctica mucho más como una contundente y lapidaria declaración simbólica del peso inexcusable de sus crímenes contra la humanidad, que como un plazo biológico real y cumplible. Pero, por sobre todo, refleja con exactitud la verdadera magnitud del daño, el dolor y la destrucción social que se les atribuye con total certidumbre.

Con los demoledores alegatos de la fiscalía finalmente concluidos, la pesada rueda de la justicia gira y el proceso entra de lleno en su recta y tensa fase final. En este punto, queda una gran incógnita en el aire, una interrogante que mantendrá a toda la nación centroamericana, a la diáspora en el extranjero y a los analistas internacionales pendientes del reloj durante las próximas y decisivas semanas.

¿Qué es lo que falta procesalmente para poder conocer el desenlace definitivo de este histórico juicio que define a una generación? Tras la rotunda conclusión de los alegatos de cierre de la parte acusadora, el péndulo del debido proceso marca el turno a los equipos de abogados de las defensas técnicas, quienes intentarán refutar, matizar o desvirtuar las toneladas de pruebas aportadas por el Estado. Posteriormente, una vez agotada la fase de réplicas, los jueces del tribunal antimafia deberán retirarse del ojo público para entrar en una profunda y compleja fase de deliberación antes de dictar su sentencia definitiva.

Dada la colosal e inabarcable cantidad de imputados sentados en el banquillo, las miles de carpetas de expedientes, las pericias científicas cruzadas y la vasta cantidad de casos individuales involucrados, se prevé lógicamente que la redacción y emisión de la extensa resolución final tome todavía un tiempo considerable. Pero el rumbo inercial del proceso ya está trazado, el velo de impunidad se ha roto. Cuando el tribunal emita finalmente su fallo y caiga el mazo, El Salvador, de manera simbólica y real, habrá cerrado y sellado bajo llave uno de los capítulos judiciales, sociales y humanos más importantes, dolorosos y definitorios de toda su tumultuosa historia. Será el juicio a la cúpula completa, a la junta directiva omnipotente de la MS-13; la estructura macabra que durante una década y media secuestró la paz de las calles, ensangrentó cada rincón del país y que, embriagada de poder y arrogancia, le declaró una guerra abierta a la existencia del Estado mismo.

Por supuesto, un proceso penal de esta abrumadora magnitud, nacido en el seno de medidas gubernamentales de mano dura sin precedentes, no está en lo absoluto exento de debate académico, legal y político. Sería intelectual y periodísticamente deshonesto no mencionarlo ni ponerlo en perspectiva. Porque, caminando en paralelo a la irrefutable contundencia de la acusación y las montañas de pruebas sobre los crímenes atroces de estos líderes, existen cuestionamientos profundos y legítimos que forman parte indispensable de la vibrante conversación nacional e internacional sobre la democracia y el estado de derecho.

¿Qué se dice, se susurra y se advierte desde el otro lado del espectro? Múltiples organismos y observatorios internacionales de derechos humanos, asociaciones de abogados y expertos en derecho penal han levantado la voz para plantear serias interrogantes sobre la viabilidad y justicia de los juicios masivos. Han señalado, con justificada preocupación, los enormes desafíos técnicos, logísticos y éticos que implica garantizar verdaderamente el derecho constitucional a una defensa técnica individualizada, justa y exhaustiva, cuando el sistema judicial procesa simultáneamente a cientos de personas agrupadas en un mismo y gigantesco juicio. Asimismo, han puesto la lupa crítica sobre la flexibilización de las garantías procesales estándares, todo ello en el marco legal del prolongado Régimen de Excepción, que mantiene suspendidos ciertos derechos constitucionales en El Salvador de manera ininterrumpida desde marzo de 2022.

Sin embargo, estos señalamientos teóricos y legales, válidos en los foros internacionales de derechos humanos, conviven y chocan día a día con el abrumador, emocional y gigantesco respaldo popular que la ofensiva total contra las pandillas ostenta en las calles, los mercados y las comunidades del país. Es un apoyo masivo proveniente de una población civil que durante décadas fue obligada a vivir de rodillas, sufriendo en carne propia el terror asfixiante, la humillación diaria, la extorsión de sus escasos ingresos y el asesinato de sus hijos a manos de estructuras paramilitares de la talla de la MS-13. Es una tensión real, palpable y constante en el debate público moderno: la encrucijada filosófica entre la imperativa y urgente búsqueda de justicia y reparación histórica frente a crímenes atroces plenamente documentados, y la necesidad democrática a largo plazo de preservar las garantías del debido proceso y los estándares internacionales, incluso para los peores y más sanguinarios acusados. Ambas perspectivas, el dolor y la ley, forman parte de la misma e inmensa historia nacional, y contarlas de manera completa, sin censura ni matices edulcorados, es lo único que nos permite entender de verdad y a profundidad la complejidad del fenómeno que ha transformado a El Salvador.

El megajuicio está llegando a su inexorable fin, pero las cicatrices que esta organización grabó con sangre y violencia en la psique de la sociedad salvadoreña tardarán, sin lugar a dudas, varias generaciones en sanar por completo. ¿Consideras que este tipo de juicios masivos, rápidos y severos son el único camino práctico y viable en la vida real para desmantelar verdaderamente a las organizaciones criminales hiperdesarrolladas, o existe un riesgo latente de que la historia de autoritarismo y abuso se repita bajo otros nombres en el futuro?

Pero más allá del necesario y legítimo debate jurídico, procedimental y político, hay algo absolutamente innegable, tangible y poderoso en el inmenso simbolismo visual y cultural de este megajuicio, y es eso precisamente lo que lo convierte y eleva a la categoría de un momento bisagra histórico para toda América Latina. Porque ver, en vivo y en directo, a la cúpula directiva completa de la implacable MS-13 sentada sumisa en el banquillo de los acusados, doblegada ante un juez, representa un giro sociológico de 180 grados que hace apenas un puñado de años habría parecido material de un sueño demente o una novela utópica.

¿Qué significa realmente este monumental proceso penal para el alma colectiva de El Salvador? Durante décadas que parecían no tener fin, los influyentes líderes de la Ranfla Histórica fueron erigidos como figuras casi mitológicas, deidades intocables del panteón del terror nacional. Eran hombres venerados y temidos por igual, que desde la comodidad de sus celdas acondicionadas ordenaban masacres indiscriminadas con la absoluta e inquebrantable certeza de ser inmunes al castigo de la ley. Hombres que se jactaban de sentarse a negociar votos y prebendas con gobiernos corruptos, y que controlaban con puño de hierro el destino económico y vital de comunidades enteras desde las fronteras hasta la capital.

Verlos hoy procesados, aglutinados en un solo y gigantesco juicio, mimetizados bajo la luz fría, con la incansable fiscalía desglosando meticulosamente, ante un tribunal de la república, cada una de sus oscuras órdenes de muerte, cada letal válvula que decidieron abrir, cada valiente agente o madre de familia asesinado, es la imagen plástica y narrativa más poderosa y redentora del drástico cambio que ha vivido y respirado el país centroamericano en los últimos años.

Los que durante toda su vida criminal se creyeron estúpidamente por encima del peso de la ley, los que con arrogancia homicida se consideraban a sí mismos como un Estado soberano y paralelo, se encuentran hoy enfrentando el implacable peso de la maquinaria del Estado real en un tribunal de justicia terrenal. Ese es, en el fondo, el mensaje más rotundo, purificador y el verdadero significado sociológico de este megajuicio sin igual en el continente.

Esa es la cruda, verdadera y extensa historia que subyace detrás de estos fríos alegatos finales de los abogados del Estado. No se trata única y exclusivamente de leer 485 nombres y alias en las hojas membretadas de un expediente fiscal interminable, ni se trata solo de calcular y dictaminar cifras astronómicas y casi irreales de miles de años de prisión que los condenados nunca podrán cumplir en vida. Se trata, en su forma más pura, del desmantelamiento físico, financiero, operativo y judicial de una maquinaria de terror sin precedentes que operaba y lucrába con la eficiencia despiadada y la frialdad de una corporación multinacional, y con la crueldad desmedida de un ejército de ocupación en territorio enemigo. Se trata de exponer, juzgar y condenar a la cúpula que, con una simple clave vocal, abría y cerraba a discreción las llaves y válvulas de la muerte sobre ciudadanos inocentes.

Hablamos de castigar a los cerebros que cazaban policías valientes y soldados humildes en sus escasos días de descanso familiar; que masacraban a familias enteras por el capricho de sentirse ofendidos, y que utilizaban cruelmente a más de 10,000 niños y adolescentes como piezas fusibles e intercambiables en el engranaje infernal del tráfico de drogas y armas en el mercado negro. En última instancia, esta es la historia épica de un pequeño gran país que, tras sufrir décadas de humillación, luto interminable y ríos de sangre inocente derramada en sus calles, se levantó de las cenizas y sentó por fin a la totalidad de la cúpula suprema de la Mara Salvatrucha, la pandilla más temida del orbe, frente a la imponente y ciega balanza de la justicia; forzándolos a responder, uno por uno, cara a cara y con pruebas en la mano, por los horripilantes crímenes que cobardemente ordenaron desde la sombra. Y cuando el honorable tribunal salvadoreño levante la vista, dicte su sentencia inapelable y el mazo caiga golpeando la madera, El Salvador, junto al resto del mundo libre que observa atentamente, habrá cerrado de un portazo uno de los capítulos más oscuros, dolorosos, pero también más decisivos y ejemplarizantes de toda su historia contemporánea.

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